El 86% de los emprendedores se pierde en el laberinto burocrático
Abrir una empresa es como una carrera con muchos obstáculos. Al problema de la financiación se une una de las asignaturas pendientes de los organismos públicos españoles: la burocracia. Este laberinto de papeles necesarios para poner en marcha una empresa ha contribuido a que sólo el 14% de los emprendedores finalicen el proceso, según datos del Consejo Superior de Cámaras.
Este es uno de los males crónicos de nuestro país de cara al empresario. Los trámites para abrir un negocio se alargan más allá de 47 días de media y suponen, al menos, 10 procedimientos, el 15% de ingreso per cápita y un capital mínimo de 3.000 euros.
Diferentes estudios de organizaciones internacionales ponen de relieve este lastre que acompaña a los emprendedores en la carrera de implantar su negocio. El Banco Mundial, en su estudio anual sobre perspectivas de negocio, elabora una lista de los países donde es más fácil abrir una empresa. La media de la OCDE es de cinco trámites, 13 días y un 4,5 de ingreso per cápita. Es decir, menos del triple de días y de ingreso per cápita que en nuestro país. La razón de este retraso administrativo en España, según los autores del estudio es que «España no ha realizado nuevas reformas en el último año y ha sido superada por los países que más cambios han activado».
La nueva empresa pasa por tres momentos clave en su constitución: La inscripción en el Registro Mercantil, por el que se adquiere personalidad jurídica, la obtención del CIF, y la recepción de la licencia municipal del ayuntamiento para que pueda comenzar la actividad. El coste medio entre impuestos, licencias y gastos de notarías se eleva a 1.116 euros.
Pero, antes de la inscripción en el Registro Mercantil, hay que realizar una aportación mínima en una entidad financiera que emitirá el certificado pertinente, hay que visitar al notraio para otorgar la escritura y los estatutos sociales y pagar el impuesto de operaciones societarias, el 1% del capital social.
Unos trámites que se acercan a unas siete semanas de media, mientras que en Francia la media es de una, en el Reino Unido no llega a dos, en Alemania es algo superior a los 15 días, igual que en Irlanda, Rumanía o Bélgica. En todos los casos, menos en nuestro país, la aportación inicial es cero y los gastos de tramitación oscilan entre los 23 euros de Londres y los aproximadamente 1.000 euros de Berlín.
El Banco Mundial aconseja, tras varios estudios realizados, que ajustar costes y simplificar trámites para la creación de empresas aumenta la productividad hasta en un 20%, además de reducir la economía sumergida, crear empleo y favorecer el crecimiento económico. Está demostrado que las excesivas barreras están asociadas a una mayor corrupción percibida y un mayor sector informal que afecta principalmente a los colectivos más desfavorecidos, como las mujeres y los jóvenes.
Primeros pasos para la agilización de trámites
La nueva Ley de Economía Sostenible, proyecto en el que trabaja el Ministerio de Industria, contempla articular la constitución en 24 horas mediantes la agilización de trámites. En este sentido, la transposición de la Directiva europea de Servicios, obligatoria ya este año, ha puesto en bandeja al Gobierno la posibilidad de exigir a las autoridades regionales y locales la simplificación de los 7.000 reglamentos que regulan todo el proceso. En trámite parlamentario está también ahora la modificación de los 100 decretos que afectan a la Ley de Servicios.
Madrid simplifica los trámites administrativos
Como parte de una normativa denominada Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, se han incorporado reformas administrativas. Entre ellas la simplificación de los trámites administrativos y la agilización del proceso para la creación de nuevas empresas en sectores claves para el desarrollo de la región como el comercio, el turismo, el sector servicios y el mercado industrial y energético.
Además, esta norma da cumplimiento a la Directiva de Servicios europea, moderniza la administración regional, la convierte en más ágil y eficaz, y mejora la calidad de los servicios que ésta presta y que conlleva la supresión o modificación de más de 70 normas autonómicas.
A todo ello, se suma el hecho de que esta nueva ley autonómica simplificará al máximo «el papeleo» y los costosos trámites burocráticos a los ciudadanos con la modificación de más de 50 procedimientos de la administración, reduciendo los plazos de resolución a la mitad y modificando el sentido del silencio negativo en positivo o estimatorio.
La nueva Ley da un paso determinante en la liberalización del sector comercial, ya que facilitará la creación de nuevos centros comerciales y la ampliación de los ya existentes, mediante la supresión de la segunda licencia hasta ahora necesaria de la Administración autonómica, sustituyéndola por una comunicación una vez otorgada por el Ayuntamiento la licencia municipal. Los promotores comerciales deberán dirigirse a una ventanilla única, la municipal, donde se gestionará íntegramente su procedimiento.
Con esta iniciativa, se da un paso determinante en la actual política liberal del Gobierno regional, ya que supone eliminar la última traba administrativa que quedaba. Además, se reducen costes a las empresas comerciales y se elimina la tasa actual de 1.933 euros. Con este avance en la liberalización comercial, la Comunidad de Madrid pretende estimular la creación de más empleo en una coyuntura desfavorable como la actual.
